Buscando ser un espacio de encuentro y debate de cara al proceso constituyente, durante octubre de 2020, el Programa de Reducción de Riesgo de Desastres (CITRID) de la Universidad de Chile convocó a la comunidad a una serie de cabildos abiertos y cerrados para identificar los principios básicos de la gestión del riesgo que deben ser considerados en la nueva Constitución.
En el marco de la conmemoración del primer terremoto registrado en la ciudad de Santiago, el 13 de mayo de 1647, y con el objetivo de presentar los resultados de este proceso de discusiones, este jueves se realizó el conversatorio virtual “Riesgo de desastres y Constitución”. En la instancia, CITRID presentó el documento “Reducción del riesgo de desastres y nueva Constitución: Hacia una perspectiva pública y transdisciplinar”, un primer insumo que reúne principios y propuestas desde una perspectiva académica.
De acuerdo al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivalvi, este documento da cuenta del compromiso de la institución con el desarrollo del país. Asimismo, la directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), Silvia Núñez, destacó que “como universidad pública y estatal, contamos con un rol prioritario en el proceso constituyente. A lo largo de los años, diversas iniciativas y grupos de investigación han impulsado espacios de reflexión y sistematización que buscan ser una voz de diversos actores de la sociedad y que permitirán la construcción de un Chile más participativo”.
Una Constitución acorde con los desafíos país
Durante el 2020, la ONEMI dio a conocer la promulgación de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y su Plan Estratégico Nacional hasta el 2030. En ella, se estipulan diversos principios rectores para enfrentar este desafío país, como seguridad social, complementariedad, responsabilidad, equidad, descentralización, sustentabilidad y coordinación.
Sin embargo, para el coordinador de investigación transdisciplinaria de CITRID y académico del Departamento de Geología U. de Chile, Gabriel Easton, “los hechos han demostrado que el problema es mucho más amplio y requiere de un enfoque multidimensional y participativo, en donde el diálogo fundado en la reflexión y el conocimiento sea lo que movilice y posibilite un real desarrollo sostenible. Las comunidades deberían tener mayor injerencia en las decisiones vinculantes en la gestión de su territorio, así como también, de los recursos y en el cuidado del medio ambiente. En eso falta mucho por avanzar”.
La apertura democrática que significa el proceso constituyente requiere de acuerdos trascendentales para la construcción de un Estado fuerte y garante del bienestar de todas las personas en reconocimiento, resguardo y garantía de los derechos humanos. Bajo este escenario, CITRID elaboró y presentó 12 principios que pueden orientar la redacción de la nueva Constitución. Entre éstos se encuentra la generación de conocimientos y reconocimiento de saberes para la resiliencia; el fortalecimiento de la educación pública; la promoción de la participación ciudadana, la gobernanza y la trasparencia; y la transversalización de la perspectiva de género, entre otros.
En este sentido, la académica del Instituto de Asuntos Públicos y miembro redactor del documento de CITRID, Paulina Vergara, comentó que “la reducción de riesgos se relaciona con tantos ámbitos como disciplinas existen. Trabajar e incluir este tema en la Constitución es importante porque aborda, desde saberes y enfoques vinculados a la naturaleza, la economía, la tecnología, lo social, la política, y las subjetividades necesarias para cualquier planificación e intervención. Si no están claros los lineamientos desde la matriz del Estado, es difícil mantener un correlato en las acciones que se lleven a cabo en la reducción de riesgo de desastres y el bien común”.
Finalmente, el director de CITRID y académico del Departamento Ingeniería Civil, Ricardo Herrera, añadió que “un Estado responsable debe preocuparse del bienestar y desarrollo de todos sus habitantes. Eso incluye reducir los efectos disruptivos de los desastres sobre la población, sus medios de vida y su cultura. Por ello, como institución pública, debemos generar el espacio para discutir temas de relevancia, donde puedan escucharse todas las voces, pues aportan al conocimiento e investigación para alimentar la discusión”, comentó.
