Los recientes acontecimientos relacionados con Minera Los Pelambres y la decisión de un juez de Letras y Garantía de los Vilos que obliga la empresa a proceder a “la demolición o remoción total o parcial del muro de contención del tranque de relaves El Mauro" abre el debate en torno a la sustentabilidad de la actividad minera en Chile. ¿Son efectivamente reales e inaceptables los impactos generados por los proyectos mineros actualmente en operación? ¿Estamos dispuestos como ciudadanos a apoyar el desarrollo de nuevos proyectos mineros? ¿Bajo qué condiciones? ¿Es posible una minería sustentable? Son muchas las interrogantes y no parecen existir respuestas que generen un consenso entre los diferentes actores.
El conflicto nace del descontento de parte de la comunidad de Caimanes que declara que la construcción y operación del tranque de relave afecta en cantidad y calidad los recursos hídricos de la zona. Es importante analizar con bastante cuidado y responsabilidad los potenciales impactos que puede generar el proyecto en sus diferentes procesos e instalaciones. Para ello, es esencial establecer primero cuáles eran las condiciones existentes antes del inicio del proyecto. Existe un mito bastante difundido respecto a la pureza y a las bondades de las “aguas naturales”. Sin embargo, en Chile existen muchos cursos naturales o cuerpos de agua subterráneas con altas concentraciones de sales que las hacen impropias al consumo humano o incluso a su uso en la agricultura. Río Salado o Río Pelambres deben su nombre a su mala calidad natural. La calidad de las aguas queda determinada por las rocas en contacto con ellas, y la presencia de zonas mineralizadas, independientemente de la actividad minera, puede alterar la calidad de las aguas naturales. En relación a los caudales, es necesario recordar que en la zona centro norte del país, existe una gran variabilidad climática y que estamos enfrentando desde ya hace varios años una sequía excepcional que se traduce por una disminución drástica de los caudales o incluso por la desaparición de los cursos de agua superficial. Atribuir a la actividad minera la disminución de los caudales puede ser entonces una acusación sin fundamentos sólidos. La elaboración de la línea base, requisito básico de los estudios de impacto ambiental, es responsabilidad de las empresas mineras y debemos reconocer que en este ámbito existen todavía fuertes deficiencias, con datos insuficientes y a veces poco concluyentes, que cubren periodos demasiado cortos para dar cuenta de variaciones naturales de algunos parámetros ambientales.
Otro punto importante de aclarar es que los relaves mineros no son precisamente residuos tóxicos. Representan la fracción de los minerales extraídos que resulta de la separación de los productos de interés, en general sulfuros de cobre y que por su bajo contenido de metal, deben ser descartados al no presentar ningún interés económico. Sus características no difieren de las de la roca natural sino por su menor contenido de metales y por su fina granulometría. Por la baja ley de los minerales actualmente procesados, en promedio inferior a 1%, se generan enormes cantidades de relaves (casi 100 toneladas por tonelada de cobre producida) que constituyen uno de los principales residuos de la gran minería de cobre. La disposición segura y responsable de estos relaves constituye sin lugar a dudas uno de los principales desafíos en la mayoría de los proyectos mineros. Sin un lugar apropiado para depositar estos relaves, que se presentan como una pulpa, mezcla de los minerales finamente molidos con agua, es imposible seguir adelante con el proyecto minero. Desarrollar un nuevo depósito requiere muchos estudios desarrollados durante meses o años para asegurar que no van a generar impactos ambientales significativos durante su construcción, operación ni después de su cierre. Una vez aprobado por las autoridades a través de una resolución de calificación ambiental que sanciona el estudio de impacto ambiental presentado, el proyecto tiene que ajustarse a los compromisos adquiridos en esta misma resolución. Demoler el tranque entraría entonces en contradicción con la resolución de calificación ambiental y con el plan de cierre presentado por el proyecto y aprobado por Sernageomin. Será trabajo de los abogados determinar cómo se puede dar cumplimiento con lo resuelto por el juez sin entrar en infracción con otros compromisos legales. Más allá del tema estrictamente judicial, la demolición del tranque podría generar como ya se ha señalado, graves daños ambientales y riesgos para la misma comunidad que hoy la exige. El tranque ha sido diseñado y construido para permanecer en el lugar y su estructura debe garantizar la estabilidad aún en caso de sismo mayor. Su eventual demolición, además del costo que puede significar, requiere estudios previos que probablemente se extenderían por meses sino años.
De estos recientes acontecimientos podemos tratar de sacar algunas lecciones. Primero, que la aprobación formal de un proyecto por parte de las autoridades competentes hoy no es suficiente para garantizar la viabilidad de un proyecto. La “licencia social”, resultado de un acuerdo tácito o formal, pero, en algunos casos, bien frágil, entre los diferentes actores es hoy día fundamental. En este sentido, es importante recalcar que al hablar de “la comunidad”, en realidad estamos hablando de una diversidad de actores con intereses a menudo bien distintos, y en muchos casos difíciles de identificar y de comprometer con un acuerdo. Para ello, por un lado, la industria debe adoptar una actitud más proactiva y por otro lado, las autoridades deberían generar un marco formal que permita alcanzar estos acuerdos, antes de llegar a una situación de crisis o de conflicto. Lo segundo es el desconocimiento que existe, aún en zonas mineras, en relación con la realidad de los proyectos mineros y del entorno donde se desarrollan. A pesar de que somos un país minero, no existe una cultura minera. Tampoco existe una cultura ambiental y una comprensión real del entorno y de sus características naturales que permita evaluar objetivamente los reales impactos de una actividad sobre los componentes ambientales. Es responsabilidad de la industria minera abordar este tema con mayor responsabilidad, en colaboración con las autoridades. El sistema educativo debería también tener un rol más activo en construir esta cultura ambiental y esta cultura minera. La tercera lección es que las decisiones que puede tomar la justicia deberían ajustarse a lo que realmente y objetivamente es alcanzable. La decisión del juez ha generado expectativas en la comunidad que espera acciones y respuestas rápidas. Sin embargo, el cumplimiento de la medida impuesta, si se llega a producir, demorará años y podría generar efectos adversos muy significativos, mucho más graves que los eventuales impactos denunciados por parte de la comunidad.
Desde hace ya varios años, la industria minera está empeñada a mejorar su sustentabilidad, tanto ambiental como social. Queda un camino largo por recorrer pero este esfuerzo de la industria tiene que ir acompañado también por un proceso de fortalecimiento y educación de la comunidad, de tal manera de derribar mitos y percepciones a veces muy alejadas de la realidad objetivo de lo que es el medio ambiente y de lo que son los proyectos mineros.
