El Congreso de la República autorizó a las Universidades estatales, únicamente por el 2011, a endeudarse por plazos de 20 años, cosa que usualmente está vedada a ellas. Para aclarar a los ilusos, no significa que vayan a ser créditos blandos, pero sí un poco menos abusivos que cuando son a 2 o 3 años. La restricción de estos créditos es que sólo pueden ser para gastos no permanentes, es decir, infraestructura y equipamiento.
Suponemos que en nuestra Universidad, las unidades (Facultades e Institutos de Rectoría) están preparando sus propuestas a partir de proyectos de desarrollo. Pero ahí también nos tienen que “soltar el dobla’o”: las propuestas deben incluir el plan de pago de las cuotas para pagar el préstamo. Nada más razonable que si me endeudo, planifique a priori cómo voy a pagar mi deuda. Esta forma de hacer Universidad trae implícita la idea de que las actividades que realizamos son generadoras de excedentes monetarios, es decir, hacemos negocios. Latamente ya he discutido en columnas de este blog mi descontento con esa definición de Universidad, no redundaré en ello.
Sin embargo, no puedo dejar de mostrarme preocupado por algo que veo como una tentación inminente. Es entendible que las Unidades vean en esta alternativa de endeudamiento la posibilidad de subsanar un arrastrado déficit de infraestructura necesaria para el buen desarrollo de la docencia. Pero me temo que para poder pagar el crédito propongan un aumento irreflexivo de vacantes en las carreras que imparten.
Aumentar las vacantes, per se, no es algo inconveniente: si tenemos un rol social como formadores de talentos, mientras más cobertura logremos tanto mejor. Sin embargo, hay que tener el mismo sentido de responsabilidad exigido para pagar el crédito: debemos analizar la posibilidad de pagarlo con mayores ingresos por aranceles. Sucede que aumentar los cupos de las carreras involucra un aumento en los costos: nuestra universidad no sigue (y esperamos que no seguirá) el modelo de “fotocopiadora de títulos” donde el proceso de aprendizaje apenas es importante y donde el 95% de las actividades docentes son de tipo “clase teórica” (con una audiencia de 200 o más alumnos a la vez) y “autoaprendizaje” (ya sea “dirigido” ó “ráscate con tus uñas”). No, la Universidad de Chile se destaca por tener un proceso reconocidamente excelente de aprendizaje, que incluye muchos tipos de actividades presenciales, que demandan recursos materiales y humanos.
Y fue precisamente la necesidad de mantener esa excelencia académica la que nos llevó a la innovación curricular, proceso que aún estamos llevando a cabo con un rigor inédito en nuestro país y quizás en América Latina. Habiendo varios “motores” en este proceso, quiero destacar que una de las principales directrices es el de “accountability”: se trata de que al formular nuestros currículos en función de competencias explícitas, será posible poner a prueba de manera más contundente si estamos o no cumpliendo con nuestro rol formador: declararemos indicadores que se pueden poner a prueba. Es absurda la tesis de que los currículos por competencias son intrínsecamente más técnicos y menos sólidos: las competencias las estamos definiendo nosotros y sus fortalezas académicas también son explicitables con indicadores.
Pues bien, sucede que soy de los que se inclina por una formación sólida (en un currículo declarado por competencias) y para poder llevarla a cabo sigue siendo una condición necesaria el permitirle a los estudiantes demostrar que saben hacer aquello que comprometimos. Y eso, especialmente en las carreras de corte más profesional (ingenieros, arquitectos, tecnólogos médicos, etc…), requiere muchas actividades presenciales: un profesor que verifica que los alumnos saben hacer aquello que está declarado en las distintas etapas de los mapas de progreso de su carrera. Ese tipo de actividades presenciales, para que sean eficaces, usualmente demandan grupos de docencia de no más de 15 estudiantes. Efectivamente, a veces pecamos de un excesivo paternalismo con nuestros estudiantes: debemos diseñar un currículo que los haga a ellos responsables de sus procesos formativos. Pero eso no puede empujarnos al extremo opuesto de ausencia de tutoría y seguimiento: necesitamos definir nuestro punto de equilibrio como un Sello Institucional.
Entonces, si aumentamos los cupos de las carreras es imperativo tener claro cuál va a ser el modelo formativo que se seguirá: si duplicamos las vacantes y mantenemos la formación en grupos de tamaños pedagógicamente coherentes, estaremos obligados a doblar el número de grupos de cada cohorte y por lo tanto doblar el número de docentes involucrados así como de infraestructura para dicho fin.
A modo de ejemplo, en el área de la salud las etapas formativas avanzadas son casi tutoriales: cada académico que está ejerciendo su profesión no puede estar acompañado de más de 3 o 4 alumnos, puesto que compromete la calidad de la atención al paciente, que ya se siente incómodo por la presencia de más personas.
Para complicar aún más las cosas, es crucial recordar que por Misión institucional, nuestra Universidad evita la contratación de académicos que hagan sólo docencia: propendemos a favorecer la incorporación de académicos que hagan investigación/creación y extensión. Por lo tanto, el costo de horas-hombre contratadas debe incluir el tiempo que nuestros académicos invierten en actividades no-docentes.
Como corolario se desprende la necesidad de tener un análisis de costos riguroso que defina con mucha precisión si efectivamente, con una docencia de calidad y en el contexto de currículos innovados, cada vacante aumentada efectivamente dejará excedentes. Una simulación relativamente superficial hecha el 2008 me hizo concluir que por lo menos para dos carreras de la salud, los ingresos por aranceles NO CUBRÍAN los gastos reales de horas-hombre docente necesarias para la formación de dichos estudiantes.
Espero que la autoridad central, con el mismo rigor con el que ha planificado un bien sucedido proceso de disminución del endeudamiento institucional, opte por estudiar la factibilidad de sincronizar el proceso de endeudamiento a largo plazo con un proceso de aprendizaje con garantías de calidad.