La transmisión en vivo de este primer diálogo por el canal Youtube de la DDG (ddg.fcfm), reunió a la comunidad el martes 2 de mayo para conocer las visiones de estos tres actores civiles y políticos, y responder las preguntas abiertas del público.
Este ciclo contará con tres diálogos durante junio y tendrá por objetivo informar y llamar a la reflexión en nuestra comunidad sobre las problemáticas que atañen al género y la diversidad, en el contexto de la pandemia y crear un vínculo con la sociedad civil y actores relevantes de esta materia.
Así lo expresó la directora de Diversidad y Género, Ziomara Gerdtzen, quien introdujo el escenario mundial, con 90 países en pandemia y 400 millones de personas en confinamiento, situación que ha evidenciado desigualdades sociales, económicas y de género profundas, donde la violencia intrafamiliar ha emergido con mayor fuerza.
Urge actualizar la ley contra la violencia familiar
El diagnóstico de la presidenta del Senado de la República, Adriana Muñoz, quien propuso la Mesa de género COVID -19 junto a la sociedad civil diputadas y senadoras, es de una invisibilización de la situación de las mujeres en momentos de catástrofe. En este contexto, agregó, “es importante sacar a la luz la violencia que existe en la diversidad sexual y de género dentro del confinamiento”, en el marco del aumento de las denuncias de violencia registradas en Chile durante la cuarentena. En este contexto destacó la importancia de las mesas de trabajo e instancias de difusión para visibilizar esta temática.
La senadora planteó la urgencia de invertir en la mejora de los mecanismos de ayuda, como plataformas telefónicas y estudiar alternativas para alejar a los agresores de sus víctimas y no obligar a las afectadas a dejar sus hogares. Sostuvo la necesidad de desarrollar una estrategia de política pública que cuente con recursos.
Por su parte, Erika Montecinos, directora de “Rompiendo el Silencio” coincidió con la evaluación de una violencia agudizada en situaciones de crisis social, remontándose a las estadísticas de denuncias de violencia y ataques a “cuerpas disidentes”, y desigualdades de todo tipo, que crecieron tras el estallido social del 18 de octubre pasado, a la fecha. Detalló el patrón de conducta ejecutada por cuerpos policiales, militares y, en situación de confinamiento, por familiares directos, de realizar “amenazas de violación correctiva”.
“Se trata de la errónea creencia machista y patriarcal de quienes creen que se puede cambiar la expresión de género por medio de una experiencia de violación”, aclaró Montecinos, junto con entregar múltiples ejemplos de denuncias de mujeres lesbianas que son amenazadas dentro de la cuarentena por padrastros o de acosos sicológicos de otros miembros de la familia, conducentes a despertar ideas suicidas.
Erika Montecinos advirtió también la falta de preparación que existe en el sector de salud y en las instituciones de apoyo a la violencia intrafamiliar para atender estas realidades cuando las víctimas son personas de la comunidad LTGBIQ+.
El psicólogo e investigador en masculinidades, Francisco Aguayo, se refirió las conductas machistas arraigadas en Latinoamérica, exponiendo datos públicos del enorme acoso físico y sexual que han transparentado las universidades, informando que 1 de cada 3 mujeres sufre de este tipo de violencia.
Aguayo observó que en países con mayor regulación pública en este sentido, todavía están al debe en subsanar el peligro que subsiste en el espacio del territorio del hogar, que se extiende a las y los niños.
A su juicio, Chile ha avanzado, pero es en este momento de crisis donde se visibilizan las carencias y vulnerabilidades del sistema nacional. El desafío, sostuvo, es reaccionar y decidir cómo se actualizan y se activan las rutas de apoyo en situación de catástrofe.
Esto incluye, bajo la experiencia del psicólogo, reforzar los programas que atienden a hombres que ejercen violencia y que muchas veces la aprendieron , repitiendo patrones de violencia que se ejercía en su familia de origen. También las estrategias y campañas, expresó, debieran apuntar a distintos públicos, avanzando en fortalecer la corresponsabilidad y apuntar a la reeducación.
El grupo de panelistas coincidió que en lo inmediato era recomendable fortalecer y mejorar la atención telefónica, dada la problemática de movilidad actual, la introducción de medidas efectivas de prevención y protección con los recursos necesarios para su correcta implementación, y que la primera ley contra la violencia familiar, promulgada en 1994, requiere de una urgente actualización, pues presenta numerosos vacíos normativos y discriminaciones por omisión de las miradas étnicas, de clase y de expresión de género, ampliando la ley a una integral, que considere todos los tipos de violencia.