Durante los últimos días se ha generado una polémica respecto a la asignación de recursos para investigación en centros asociativos. Para la academia es un tema de máxima relevancia y de gran impacto en su desarrollo, donde no está ausente el potencial conflicto de interés, pero es una oportunidad para profundizar en la discusión.
El primer punto es de contexto. El país está estancado en alrededor de un 0,35 % del PIB en esta materia desde hace muchos años, mientras la investigación aumenta junto con el número de investigadores/as jóvenes que requieren financiamiento. Esta situación se refleja en bajas tasas de aprobación de proyectos y centros, con la consecuente frustración.
El segundo punto se refiere a las bases para la selección, que no discriminan entre centros de investigación maduros y propuestas nuevas. Estas últimas son muy necesarias para renovar, tanto los temas de investigación como apoyar a nuevos investigadores, de eso no hay duda. Pero también es esencial que los centros de alto rendimiento, con experiencia y madurez demostrada, sigan contribuyendo al país con el objetivo de desarrollar un ecosistema maduro y competitivo a nivel mundial.
El dilema de la política pública es evidente: dado un financiamiento constante por un largo tiempo, para crear nuevos centros habría que terminar con algunos existentes que requieren renovar su financiamiento. Aquí cabe una reflexión respecto de cuáles centros mantener. Considerando que nos referimos a centros con trayectorias de 10 a 20 años, tiene sentido evaluar la productividad y el impacto logrado con el financiamiento obtenido, si se han cumplido las metas propuestas y la relevancia futura de su investigación. Para ello se dispone de la evaluación periódica por paneles de expertos/as internacionales a los que deben someterse todos los centros.
Esos años de producción científica, de generación de capital humano avanzado, de formación de equipos afiatados, de conocimiento experto en temas multidisciplinarios y de vinculación con la industria, el Estado y la sociedad, constituyen un capital invaluable en términos de desarrollo de institucionalidad científico-tecnológica para Chile. Estos avances, fundamentales para el país, han tomado tiempo, esfuerzo y recursos, por lo que su continuidad debe ser evaluada con máximo cuidado y visión del futuro. El problema es que justamente eso no ocurre por diseño de las bases y se debería corregir.
Es evidente la dificultad de comparar la propuesta de un nuevo centro con aquella de un centro que ha tenido gran impacto, además de ser potencialmente injusto para ambos casos. Es más sensato evaluar esas propuestas en forma separada, compitiendo por presupuestos separados y bajo criterios diferentes.
Por otra parte, es muy importante reconocer el valor del procedimiento de evaluación de pares. Este constituye un alto estándar mundial que está bien consolidado en nuestro país, de lo cual debemos estar orgullosos y mantenerlo. Pero convengamos que tal procedimiento está enmarcado en el diseño de las bases y sus criterios de evaluación. Por ejemplo, es cuestionable aquel criterio que elimina una propuesta completa si un evaluador adjudica una baja nota en uno de los criterios independiente de las otras calificaciones. Eso supone la infalibilidad del evaluador experto, lo que es un supuesto falaz que induce un innecesario riesgo y que constituye un derecho a veto del evaluador. Es más sensato tener una evaluación amplia y consensuada por el panel de expertos evaluadores.
Finalmente no es recomendable interrumpir el actual proceso de selección de propuestas, que lleva años de preparación bajo proyectos con financiamientos tipo puente de corta duración, pero sí mejorar nuestros procesos futuros y, de ser posible, enmendar situaciones que lo ameriten para evitar pérdidas de valor relevante para el país, con el objetivo de construir un ecosistema de I+D+i maduro con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.
