El modelo de financiamiento de centros de investigación vía concursos ANID requiere una reflexión y una revisión, considerando que es una de las políticas de mayor impacto para el avance de la investigación y el desarrollo en el país. Lo más relevante es que su diseño carece de visión estratégica, ya que puede generar ciclos de construcción y destrucción de capacidades avanzadas que impiden el desarrollo de largo plazo; puede producir una alta concentración de resultados positivos o negativos en una misma institución, generando inestabilidad en comunidades académicas, e ignora el desbalance entre centros en instituciones públicas y privadas; y, sobre todo, puede frenar o incluso eliminar capacidades científico-tecnológicas de primer nivel, de gran urgencia para Chile.
Este modelo crea unidades con altas exigencias en investigación avanzada y transferencia, que incluyen compromisos relevantes de colaboración con la industria y organizaciones civiles. Desde su inicio son rigurosamente evaluados para optar a un financiamiento basal de cinco años, con ejecución de un plan aprobado. Al término de ese período pasan por una evaluación intermedia para optar a otros cinco años, y al finalizar el ciclo se dispone de abundante información sobre su desempeño, capacidades instaladas e impacto social. El problema central es que el modelo realiza un solo llamado que mezcla la renovación de centros claramente estratégicos con la creación de nuevos centros, sin reconocer el valor de la trayectoria ni de las capacidades consolidadas. Ello supone que ese valor acumulado es irrelevante para la sociedad, error que podría evitarse separando los concursos, con presupuestos diferenciados y una evaluación acorde a su mérito.
Este año, de los 11 centros adjudicados en el Concurso Nacional de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional, sólo 3 corresponden a renovaciones y 8 a nuevos postulantes. En este pone-y-quita no parece haber una visión estratégica, pese a la evidencia del impacto de centros que ahora quedarán sin financiamiento estatal. Un ejemplo claro es el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), no renovado, que ha sido clave en la construcción de políticas ambientales y en la difusión científica del cambio climático, con presencia permanente en el IPCC. El centro obtuvo una excelente evaluación de pares internacionales, pero ello fue insuficiente frente a una menor valoración de pares nacionales. El resultado es que un centro bien evaluado y necesario para el país queda fuera del sistema, lo que constituye una miopía frente a un problema cuyos impactos son de magnitud sin precedentes, como lo evidencian los incendios de cada verano.
El modelo asume que en cinco o diez años los centros alcanzarán autofinanciamiento. Este supuesto carece de sustento en un país sin un ecosistema de I+D avanzado, empujando a los centros a transformarse en unidades de servicio con escasa contribución en transferencia de la investigación. La lógica es aún menos justificable en centros de interés público, cuya misión es proveer evidencia científica para la política pública.
En la etapa actual de desarrollo, parece necesario superar el paradigma de la competencia genérica de propuestas “todos contra todos”, y avanzar hacia un proceso que permita construir un ecosistema de I+D más sustentable y asegurar apoyo científico en las materias que el país más necesita.
