La economía es sobre escasez e incentivos. La escasez nos obliga a optar y explica que existan precios. Los incentivos inducen deseos y condicionan nuestras acciones, definidas por esos precios. Pero estas acciones no siempre coinciden con el interés público. Y cuando una política no incorpora adecuadamente la respuesta ciudadana, el objetivo no se logra y los recursos se dilapidan.
En Chile, algunos parecen haber olvidado estas verdades incómodas: la plata no sobra y el impacto de un reforma depende de las reacciones que provoque. Por ejemplo, el anuncio original de gratuidad universal en la educación superior debió ser moderado, por su elevado costo. Y su implementación parcial igualmente ha promovido un aumento desproporcionado de estudiantes universitarios, pese a que las principales brechas entre lo que se enseña y lo que el mercado necesita están en el ámbito técnico.
Otro caso relevante, largamente postergado, es el derecho de acceso a sala cuna. El Código del Trabajo señala que “Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo.” En la práctica, esto provoca una discriminación de género, porque el costo de contratar a la vigésima mujer es muy alto, especialmente para las empresas pequeñas. De hecho, la tasa de participación laboral femenina en Chile supera apenas el 52%. El efecto es productivo y social, porque esta baja participación se exacerba entre quienes tienen menos formación: las mujeres con educación superior participan 78%, pero las sin un nivel secundario completo, apenas 27%. Además, 1,2 millones de hogares son monoparentales femeninos, 73% de los cuales pertenecen al 60% más vulnerable.
Un efecto adicional inesperado es en los salarios, cuyo valor inicial para las mujeres contratadas por empresas con 20 trabajadoras o más es hasta 20% inferior que el de las contratadas en el resto de las empresas.
Para eliminar estas discriminaciones, que surgen de algo que las mujeres no pueden evitar si optan por ser madres, se necesitaría establecer una política de sala cuna universal. Esto es, extender el beneficio de sala cuna a los hijos de todos los trabajadores, y hasta sus cuatro años, cuando comienza la escolaridad obligatoria, y no solo hasta los dos años de edad, como establece el proyecto en el Congreso.
El diagnóstico previo es conocido. De hecho, durante las últimas décadas, más de 20 propuestas han intentado modificar esta discriminación legal. Y la que hoy se delibera, si bien constituye un avance, sigue sin ser universal. La razón, obviamente, es el monto fiscal que ello exigiría.
Dada la evidencia internacional, es razonable esperar que en el futuro el crecimiento de las demandas sociales supere al del producto. Para satisfacerlas pronto y bien, será necesario que los políticos opten, privilegiando las reformas con mayor beneficio agregado; y que los expertos aporten, incorporando en su diseño cómo las personas responderían a ellas. Por cierto, lo anterior también precisa ampliar las evaluaciones ex post, como busca el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad.
Con todo, se requieren responsabilidad al decidir qué haremos y profesionalismo al diseñar cómo lo haremos. De lo contrario, se alimentarán la frustración y el descontento general.
