Durante la última cuenta de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), se anunció que en 2023 el gasto en I+D alcanzó por primera vez un 0,41% del PIB nacional. Aunque esta cifra supera el rango histórico local de 0,36-0,39%, sigue lejos del promedio de 2,68% de la OCDE y evidencia desafíos para el nuevo ciclo político en materia de innovación.
Esta brecha “no se explica únicamente por limitaciones presupuestarias; responde a un problema estructural que ha sido ampliamente discutido por la comunidad científica”, afirma la directora de innovación de la U. de Chile y coordinadora ejecutiva de la Red de Innovación CUECh, Anahí Urquiza, quien plantea que, para acelerar la capacidad innovadora, es clave contar con inversión sostenida y estable con compromiso multisectorial, reglas claras y financiamiento basal.
Para la gerenta de innovación de Corfo, Jocelyn Olivari, el principal reto de los candidatos es “poner al centro de la agenda política el rol que tiene la investigación, desarrollo e innovación en el crecimiento del país”. Detalla que en I+D “el retorno es del 30% versus el 16% que tiene la inversión de capital”. Por eso resalta la necesidad de visibilizar más casos exitosos para “seguir intencionando mayores vínculos de las universidades con las empresas en el marco de su tercera misión”, relacionada con la transferencia tecnológica de las casas de estudios para responder a los nuevos desafíos productivos.
“Un gobierno dura cuatro años. En los tiempos de la academia, de la investigación, del desarrollo tecnológico, cuatro años no alcanzan para casi nada. Ese es un problema real”, señala la directora general del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, Nicole Trefault. A su juicio, los aumentos de inversión han sido “marginales” y no se condicen con el esfuerzo necesario para dar un salto comparable a países con desarrollo sostenido. Asimismo, advierte que otra brecha relevante es la composición del gasto en I+D: “El grueso del financiamiento es público: proviene del Estado, de la academia, de las universidades. A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, donde la inversión está mucho más distribuida y las empresas tienen un rol muy relevante”.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Francisco Martínez, la brecha más crítica es cultural: “Tenemos una cultura de silos, institucionales y disciplinares, que impiden la imprescindible coordinación e integración propias de la innovación”. Por eso, considera necesario un acuerdo social sobre los desafíos estratégicos del país en un contexto global de transformaciones profundas.
La directora ejecutiva de Hub APTA, Varinka Farren, comenta que para acelerar el ritmo y alcanzar la meta de 1% de inversión en I+D -fijada por este Gobierno- antes del 2035 “debemos sumar, con urgencia, políticas fiscales audaces, inversión privada significativa, coordinación efectiva de la triple hélice, y reglas estables que permitan apostar a largo plazo”.
Ley I+D y demandas productivas
Frente a las transformaciones globales, Urquiza afirma que 39,8% del financiamiento en I+D proviene del sector empresarial, segúnel observatorio del contexto económico UDP “contamos con la oportunidad de transitar desde una economía basada en recursos naturales hacia una matriz con mayor valor agregado”, pero esto exigirá que el próximo gobierno “no solo incremente recursos para la CTCI, sino que también logre alinear la política de I+D con las transformaciones productivas y los desafíos de desarrollo sostenible”.
Hay sectores donde la urgencia es mayor: “La minería, por ejemplo, todo lo relacionado con el litio y otros minerales estratégicos. También los sectores vinculados a recursos energéticos renovables (...) el sector hídrico”, indica Trefault. Por ello, el desafío es “ajustar nuestros procesos a la creciente velocidad de cambio, especialmente en estos sectores estratégicos”, añade Martínez.
Potenciar la Ley I+D es también clave. “Las empresas chilenas están haciendo I+D pero no conocen el incentivo tributario, entonces no lo usan. Estamos hablando de casi US$ 300 millones que se podrían haber rebajado de impuestos en el año 2023, según nuestros cálculos”, apunta Olivari sobre la normativa que extendió su vigencia hasta 2035 y recalca que si se mantiene la continuidad de estas inversiones “se va a mover la aguja de la I+D en unos cinco o seis años más”.
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