El valor de la memoria y el contexto histórico
El valor de la memoria
La memoria puede entenderse como un medio y un objeto a la vez. A través de ella tenemos la posibilidad de aproximarnos al pasado, tejer puentes con nuestro presente y construir el futuro. Sin embargo, la memoria también deviene en lo concreto, por ejemplo, en la medida que el pasado es observado bajo los criterios personales, colectivos y/o institucionales del presente, fijamos un conjunto de imágenes, contenidos y emociones que nos brindan la oportunidad de hablar, de reflexionar y conectarnos con aquello que ha llamado nuestra atención.
Al conmemorar 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, es el hito y la fecha las llamadas a ser objeto de la memoria. De esta manera, más que responder a ese llamado como un deber, resulta indispensable establecer preguntas que orienten la memoria individual y colectiva: ¿por qué conmemorar?, ¿qué traemos del pasado para ser presentado hoy?, ¿qué nos dice del presente este llamado a recordar?, ¿qué lugar tenemos personal, social e institucionalmente frente a esta conmemoración? Estas y otras interrogantes nos invitan a despertar la memoria, estableciendo un vínculo que permita crecer en y con ella.
Contexto histórico
La historia de Chile tiene uno de sus períodos más complejos en el siglo XX entre 1973 y 1990. Este momento histórico se inicia con el golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973 y culmina el 11 de marzo de 1990, con la reapertura de los espacios democráticos, encabezados por el presidente Patricio Aylwin Azócar.
La mañana del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar derrocó al presidente Salvador Allende y el país despertó en una pausa democrática que se extendería por 17 años. Al amanecer de ese día, la Armada inició las primeras maniobras para ocupar la ciudad de Valparaíso. Le siguió un extenso despliegue militar en las principales ciudades del país.
La Junta Militar fue encabezada por el comandante en jefe del ejército general Augusto Pinochet, representante de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); junto a él estuvo el general del Aire, Gustavo Leigh, por la Fuerza Aérea; el almirante José Toribio Merino, por la Armada de Chile; y el General Director de Carabineros, César Mendoza. Desde ese mismo día, se declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional, el cierre del Congreso Nacional y la prohibición de funcionamiento de los partidos políticos. De esta manera, en todo el período de gobierno de la dictadura cívico-militar, el trabajo legislativo fue ejercido por la Junta Militar a través de decretos leyes.
El bombardeo al Palacio de La Moneda marcó, desde el inicio, el carácter violento del nuevo régimen, que estuvo signado por la represión y el miedo. Se extendieron por el país centros de detención masiva siendo el más recordado el Estadio Nacional, donde miles de personas fueron detenidas y torturadas. También, se produjeron allanamientos masivos, ejecuciones sumarias y desaparición forzada de personas.
Los objetivos del régimen, en los primeros meses, se concentraron en la represión de funcionarios/as del gobierno derrocado, militantes de partidos de izquierda y simpatizantes del presidente Salvador Allende. En este contexto, centenares de personas buscaron asilo en las embajadas. En los meses siguientes miles de chilenos/as se vieron obligados/as a salir al exilio. Para noviembre de 1973, la dictadura centralizó el funcionamiento de los organismos de inteligencia de las FF.AA. en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que funcionó hasta 1977, y que luego fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI). Ambos cuerpos de inteligencia dejaron una triste secuela de represión, horror y muerte.
En el ámbito de la educación, el gobierno intervino las universidades a través de la figura de los “rectores delegados”. En el caso de la Universidad de Chile, en el período 1973 a 1990, fueron seis generales, un coronel y dos civiles afines al régimen, los que ejercieron el cargo de rector de la Casa de Bello. Durante esta época se realizaron sumarios y expulsiones arbitrarias de estudiantes, académicos/as y funcionarios/as. También, se llevaron a cabo cambios en la estructura y sedes de la Universidad (solo quedarán las sedes de Santiago), que dificultaron el desarrollo de la vida universitaria.
En 1980, a través de un plebiscito sin garantías democráticas se aprueba la nueva Constitución Política del Estado de Chile, que institucionaliza al régimen cívico-militar, indicando que Augusto Pinochet será Presidente de facto por ocho años. Se establece un modelo presidencial autoritario, así como la creación de un futuro poder legislativo con atribuciones limitadas y una composición que asegura la influencia de la dictadura, a través de un porcentaje de senadores designados, con representantes de las FF.AA. y el requerimiento de un alto quórum para emprender futuras enmiendas a la Carta Magna. Éstas y otras indicaciones refuerzan el poder del mundo uniformado sobre el civil, a la vez que elevan a rango constitucional las ideas que forjan los cimientos de un Estado subsidiario, un modelo de libre mercado y una democracia tutelada.
En 1982 tiene lugar una recesión internacional que golpea fuertemente al país. Para comprender en parte la crisis, hay que remontarse hasta 1975, cuando la dictadura impone un plan económico que sienta las bases del modelo neoliberal, con la incorporación del grupo de economistas denominados comúnmente como “Chicago Boys”, quienes ponen en marcha una serie de reformas que limitan las actividades sindicales y reestructuran las relaciones laborales. Adicionalmente, se flexibilizan las medidas que favorecen a la industria nacional y se estimula la importación de una variada gama de productos, lo que termina acelerando la crisis de la manufactura local.
Tras 10 años de dictadura y un estricto control de la vida pública por parte de las autoridades militares, se comienzan a observar manifestaciones sociopolíticas, que tienen como objetivo poner fin al régimen, dando paso a un ciclo de protestas de la sociedad civil que se extienden entre 1983 y 1986. Estas manifestaciones, sumadas a una mayor presión de la comunidad internacional, crearon el clima propicio para que la oposición pudiera dar a conocer abiertamente su descontento con la represión, las violaciones a los derechos humanos y ,en general, tuviera el valor de criticar al gobierno, recordando a las autoridades del régimen militar el desarrollo del plebiscito, establecido en la propia Constitución de 1980.
Llegó 1988, el 5 de octubre y el triunfo del No, que permitía asegurar al año siguiente una nueva elección democrática, ahora para que los chilenos votaran por un Presidente de la República. En esa elección, la victoria fue para el democratacristiano, Patricio Aylwin Azócar, que obtuvo el 55,17 % de los votos válidamente emitidos. Este apoyo en las urnas, le permitió asumir el primer cargo de la nación el 11 de marzo de 1990.
Referencias:
Período de rectores delegados durante la intervención militar
Período 1973-1990. Régimen militar