En relación con la idea de elevar el estándar de los proyectos de ley incluyendo una evaluación ex ante de su efecto en la productividad y la competitividad contenido en una moción parlamentaria actualmente en tramitación, así como en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, coincido plenamente con la idea de fondo, pero quisiera sugerir dos planteamientos que mejorarían la propuesta.
El primero es que la productividad, si bien sería un avance, no es lo único que debe considerar esta muy deseable nueva evaluación ex ante. Ya en el Informe sobre Desarrollo Humano 2012, argumentamos a favor de incluir evaluaciones ex ante y ex post del impacto de las políticas públicas en las libertades que determinan el bienestar subjetivo individual y social. Esto es necesario para anticipar si los proyectos mejorarán las posibilidades de los individuos de “ser felices” o “su satisfacción con la sociedad” o para “llevar a cabo los proyectos de vida que desean”. ¿Qué efectos tendrán los proyectos de ley sobre la capacidad de tener vínculos significativos, de respetarnos y no sufrir discriminaciones, de influir en nuestra sociedad o de tener y realizar nuestro proyecto de vida? Si solo medimos los efectos en productividad, no sabremos qué pasa con estas dimensiones, que pueden moverse en sentido opuesto, y que son importantes para la calidad de la vida de las personas.
Más importante aún, si queremos cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990, también deberíamos evaluar el efecto de las políticas sobre los derechos del niño y su desarrollo. De lo contrario, actuarán a ciegas en este ámbito. Un ejemplo ilustrativo es el (no) cambio de horario, decidido unilateralmente por el Ministerio de Energía, considerando solo sus efectos sobre lo que importa a esa cartera y descuidando lo más importante: el desarrollo y calidad de vida de nuestros niños, que se vieron perjudicados por esta medida. El desarrollo y los derechos de los niños son multidimensionales y es necesario que todos los ministerios superen la miopía de mirar solo su sector. No sirve ampliar el lente únicamente a la productividad.
Limitar el análisis a la productividad implica considerar que lo único que tiene valor es aquello que es transado en los mercados y esto deja fuera la mayoría de aquello que los seres humanos valoramos -como el amor, la amistad o el buen trato-, y casi todo lo que determina nuestras posibilidades de sustentabilidad y desarrollo en el futuro, como es el respeto de los derechos del niño y el medio ambiente.
Finalmente, no tiene sentido que sea el Ministerio de Hacienda el encargado de medir el impacto de las políticas públicas: cuadrar las cuentas fiscales de un año a otro es, casi por definición, contradictorio con la mirada de largo plazo que debieran tener nuestras políticas públicas. Por el contrario, otra institución debería estar a cargo del desarrollo integral de largo plazo, lo que requiere una mirada más allá de los sectores tradicionales, centrada en las personas. Crear una agencia, con los profesionales más competentes de una variedad de disciplinas, es una urgencia largamente postergada, pero imprescindible para no seguir vagando en las tinieblas de hoy donde reinan el maltrato infantil y la molestia ciudadana.
