La explotación del litio, el cobre y otros recursos naturales no renovables reúnen características especiales para los países e imponen desafíos de gobernanza distintos respecto de la industria tradicional. En efecto, existe un agotamiento inevitable de esos recursos y, en consecuencia, de las rentas futuras que el Estado pueda obtener de ellos. Hay también constantes amenazas de reemplazo y grandes fluctuaciones de sus precios. En conjunto, estos puntos no solo enfatizan el alto costo de oportunidad relativo a su no explotación presente, sino que también la sustentabilidad de su explotación (destino de las ganancias generadas, responsabilidad frente a las generaciones futuras, etc.).
Considerando la trascendencia de la explotación de este tipo de recursos, debemos acordar que su gobernanza - sea estatal o privada - es de interés público y, en consecuencia, también lo son sus acciones. Es por eso lo relevante de los hechos que hemos sido testigos. La reciente actitud del directorio de SQM es corrosiva para la confianza pública. Una vez más, la decisión de la compañía enfatiza las preferencias individuales de sus concesionarios/as en desmedro de la comunidad nacional que les confía la explotación de un recurso natural no renovable.
Si bien el acuerdo CORFO-SQM trae importantes mejoras y beneficios ambientales y económicos respecto del contrato anterior ¿Es suficiente como rol del Estado? En mi opinión, necesitamos un mayor equilibrio donde la explotación del litio sea mejor complementada por el aporte tanto de empresas privadas como estatales tal como ocurre en el mercado del cobre chileno. El Estado debiese, en consecuencia, abrirse a buscar y discutir mecanismos alternativos y plausibles que permitan evaluar la gobernabilidad de esta empresa, aumentar la participación directa del Estado en ella y/o en el mercado nacional.
Considerando además el nivel de concentración de este mercado y las grandes reservas del país, una manera de avanzar es crear una empresa pública autónoma, transparente, sujeta a la ley de Sociedades Anónimas y con gobierno corporativo similar al de Codelco. Codelco, al contrario de lo ya establecido en el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), no debiera ser parte de la propiedad para no afectar la especificidad de las competencias de la compañía ni desviar su atención de los ya complejos proyectos estructurales. Al contrario, una nueva empresa estatal debiera tener un directorio y una estructura organizacional ad-hoc a las demandas técnicas, operacionales, económicas y medioambientales que exige la explotación del litio.
Finalmente, es por el bien común deseable que el Estado emprenda gestiones que aseguren la explotación sustentable del litio en un entorno de confianzas publicas sólidas. Si bien la creación de una nueva empresa estatal corresponde a una acción que seguramente no cuenta con la anuencia de los partidos gobernantes, es totalmente necesaria en el contexto actual. Más aun, la entrada de esta empresa puede apuntalar, similarmente al rol de CODELCO en el cobre, el despegue de la industria chilena del litio y sus proveedores, en particular a partir de 2030, año en que expira la nueva concesión de SQM.
