En un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, del 18 de mayo de 2020, se señala que la dieta parlamentaria bruta en nuestro país en 2018 fue de 23.187 dólares mensuales, lo que representa 38 veces el sueldo mínimo. Es la más alta de la OCDE, seguida de lejos por Italia y EE.UU. con 15.000 dólares aproximadamente. Esta información, a pesar de lo impactante, es una dura muestra de la conocida extrema desigualdad de ingresos entre las trabajadoras y los trabajadores chilenos: el año 2017 el ingreso medio del decil de mayores ingresos era 27 veces el del decil de menos ingresos.
La pandemia del 2020-21 agravó aún más esta situación con la gran cesantía, llevándola a soluciones extremas, como la aprobación del retiro de los fondos de pensiones y los bonos del Gobierno que no llegan a compensar la precaria situación de la población. Ante este panorama se requieren soluciones innovadoras y estructurales, adecuadas a la escala del problema y con un sustento ético.
Para ello, es oportuno considerar un sistema de transferencias solidarias, desde los que tienen mayores ingresos a los que tienen menos, evitando la burocracia de los programas asistenciales. La propuesta consiste en que las transferencias se financien mediante un impuesto a toda persona/familia que reciba un ingreso per cápita mayor que el ingreso medio, con un monto diferenciado calculado como un porcentaje sobre el ingreso individual que excede el ingreso medio, de manera que el impuesto resulte progresivo y relativo a la capacidad económica de cada cual para aportar a la causa solidaria. Los montos de los subsidios individuales también son diferentes entre las personas y se calculan aplicando el mismo porcentaje sobre la diferencia entre el ingreso medio y el ingreso individual.
Este porcentaje opera como un regulador del impacto de la política pública, pudiendo este variar entre 0% (sin impacto) y 50% (máximo impacto). Por ejemplo, si el mentado porcentaje se fija en 50%, el impacto esperado se puede medir por la caída a la mitad del índice Gini de la distribución del ingreso, que llevaría a Chile desde su vergonzosa posición entre los países más desiguales del orbe a uno de los más igualitarios y superando el promedio de la OCDE. Si se deseara implementar una política con menor impacto, se puede hacer usando un porcentaje menor en el cálculo, por ejemplo 25% en vez de 50%, con lo cual el índice Gini mejora cayendo solo en ¼ de su valor actual.
Hoy, cuando es imperativo asumir la responsabilidad ética de ser solidarios con los demás, la política de transferencias solidarias es una opción progresiva en impuestos y subsidios, alineada con sentido de justicia porque solo aportan los que pueden de acuerdo a sus capacidades económicas y reciben más quienes más lo necesitan; es factible de implementar con la institucionalidad vigente y con el grado de impacto deseable, además de ser dignificante, porque garantiza un nivel de calidad de vida mínimo a toda la población, sin discriminación entre trabajadores o cesantes, edades u otra condición.
