En una entrevista, a propósito de la gira para fomentar la inversión en el país, el ministro de Economía explicaba las dos miradas (o tal vez “almas”) con las cuales se abordan las políticas de desarrollo en torno a los recursos naturales en Chile.
La primera se ilustra con el caso del hidrógeno verde, un producto en el cual nuestro país posee marcadas ventajas comparativas basadas en la calidad de nuestros recursos naturales que, además, puede contribuir como agente para enfrentar los desafíos climáticos. Esta mirada promueve una política industrial moderna, donde el Estado comprende su rol como articulador para generar desarrollo industrial, habilitar la actividad privada y enfocar los esfuerzos en ciencia y tecnología. Dicha perspectiva ha trascendido a los gobiernos de turno, con una política clara: el Estado debe impulsar un sector en el que tengamos ventajas debido a la calidad de nuestros recursos naturales y un marcado potencial de crecimiento.
Por otro lado, el caso del litio es especial, se indica, ya que genera rentas debido a la calidad del recurso natural involucrado. A diferencia del hidrógeno verde, la estrategia en torno al litio no pone necesariamente en el centro el desarrollo de la industria, sino que el Estado se enfoca en participar de las rentas. Esto ha dado lugar a lineamientos estratégicos no necesariamente consensuados, como la creación de nuevas empresas estatales con limitado apoyo a nivel legislativo, asignación de responsabilidades a empresas mineras estatales en momentos desafiantes y condiciones para el sector privado que no son suficientes para ser socios a largo plazo. La respuesta política ha sido confrontacional, con una reciente propuesta para eliminar el carácter no concesible del litio. Sin duda en el litio no hay acuerdo.
En líneas generales, las políticas públicas relacionadas con la minería han desviado su enfoque de promover y desarrollar el sector. El Estado debería desempeñar un papel fundamental como articulador y promotor de políticas a largo plazo. Lamentablemente, en la práctica, el Estado ha asumido una postura más rentista, priorizando la captura de recursos financieros en lugar de fomentar su generación, lo que podría calificarse como una verdadera actitud extractivista. Esta perspectiva no es exclusiva de un sector o actor en particular, sino que se ha extendido en diversos ámbitos, como lo refleja el querer utilizar las patentes mineras para financiar programas sociales y la asignación de contratos especiales de operación y licitaciones sin un respaldo político claro, lo cual ha generado una falta de visión común.
La insistencia en promover estrategias que abordan las posibles fallas de la industria minera mediante políticas centradas en el control de rentas conduce inevitablemente a una profecía autocumplida: si asumimos que el único aporte de la minería son sus rentas, la sociedad acabará priorizando posturas extractivistas en lugar de fomentar el desarrollo sostenible del sector. Por ello, es crucial que examinemos de manera responsable la gestión de los recursos minerales. Aunque los depósitos pueden agotarse, la actividad minera no desaparece, siendo un elemento basal del desarrollo material de las personas.
