posicionamientos, con críticas expresadas con mayor o menor intensidad. Con la intención de aportar al debate, parece importante relevar aspectos centrales de la propuesta. Esencialmente propone un instrumento para reemplazar el sistema de financiamiento del pregrado para los jóvenes del decil siete a nueve (incluidos en el CAE actual), manteniendo la gratuidad para los primeros seis deciles, y el copago para el decil 10.
¿Quién financiará al estudiante? El proyecto releva del pago de aranceles a las familias o al propio estudiante, transfiriendo esa responsabilidad al Estado quien se financia mediante la retribución al Estado -posterior a su egreso- de los profesionales que reciben FES, proporcional a sus ingresos e independiente del costo de la carrera que se curso. Las y los profesionales que ganen más, retribuirán más, los cesantes o con bajos ingresos retribuyen menos o nada. Es valorable el efecto solidario asociado, tanto intergeneracional como interdisciplinar, así como que se elimine la deuda por educación.
¿Cómo se determinarán los aranceles? Los costos de las carreras serán únicos y fijados por un grupo de personas diversas como se realiza actualmente para la Ley de Gratuidad. La institución recibirá del Estado este arancel multiplicado por el número de estudiantes adscritos al FES en cada carrera. Esto aborda la actual diversidad de aranceles no regulados entre las casi 60 universidades, llevando su valor medio al segundo más alto de la OCDE (ajustado por paridad de poder adquisitivo). Tarea crítica será el acordar aranceles razonables, basados en costos y expectativas de desarrollo de las instituciones. Se debe ser claro en cómo se relacionará el arancel con la tarea de investigación, que es consustancial con la calidad y el necesario mayor desarrollo del sistema universitario. Además, se debe considerar la pertinencia de las actividades realizadas, en particular el rol de las instituciones estatales, reconociendo su misión diferenciadora y sus mayores costos operacionales. Teniendo en cuenta estos aspectos, la propuesta es razonable y en línea con los aranceles regulados en el sistema de gratuidad actualmente en proceso de implementación.
Se propone un control de la matrícula. La expansión profesional en Chile se puede considerar un resultado satisfactorio, pero esto ha ocurrido primordialmente en el sistema privado, sin mayores restricciones, con consecuencias en desempleo profesional de ciertas áreas con previsibles consecuencias negativas. En particular causa preocupación el escaso 16% de estudiantes en instituciones estatales, mostrando un claro desequilibrio con el sector privado y a pesar del mayor aporte actual del Estado. Nos parece razonable que un cierto nivel de control de la matrícula, como actualmente se hace para quienes se acogen a gratuidad, busque que la formación de nuestros estudiantes sea más equilibrada con las necesidades del país mediante el fortalecimiento de la educación pública.
Otro aspecto importante es que el Estado se hace cargo de la gestión y administración del FES, liberando a las instituciones de educación superior de temas de morosidad y procesos de cobro alejados a la función académica, al mismo tiempo que se excluye del sistema a la banca privada, eliminando cualquier viso de posibles abusos en el uso de fondos públicos por agentes privados. Se valora también la exigencia de mayor trasparencia para todos los actores del sistema, que hoy solo se exige al sector público.
Un asunto pendiente de la política es el financiamiento de la investigación que causa gran preocupación en universidades complejas. El modelo que define aranceles para la docencia de pregrado universitaria es incompleto si no se resuelve el financiamiento institucional para la investigación y el posgrado. Esto se relaciona con la aspiración de llegar a un piso del 1% del PIB para investigación (actualmente menor al 0,4%), donde el anuncio del Gobierno de abordar este tema con un Fondo de Inversión para Universidades (FIU) es recibido aún con cierta preocupación al revisar la propuesta de Ley de Presupuesto 2025. Al respecto, sería aconsejable despejar esta aprensión dando las garantías que permitan eliminar ese factor en la discusión del FES. Una propuesta en ese sentido sería garantizar avanzar hacia el piso del 1% del PIB para investigación indexando el aumento de financiamiento al crecimiento PIB.
En suma, se trata de una propuesta que debiese ser valorada en sus concepciones fundamentales, especialmente para la familia chilena; por cierto, hay muchos compromisos y detalles que avanzar en cada uno de los aspectos señalados para asegurar su viabilidad. Fundamental es trasparentar el financiamiento integral que requieren las universidades, si realmente queremos que sean motor de futuro para Chile.
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