Con el fin de exponer sobre los alcances que tiene para la investigación en ciberseguridad el proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, el académico del Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) Alejandro Hevia participó el pasado 23 de abril en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Luego de ser invitado por el presidente de la Comisión, el Senador Felipe Harboe, el Prof. Hevia discutió con los legisladores los alcances que tendría esta normativa para la labor de investigación en seguridad informática.
El proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, y que deroga a la Ley N° 19.223, fue ingresado por el Gobierno al Congreso Nacional el 25 de octubre de 2018. Actualmente se discuten las indicaciones al proyecto, y en este contexto, el académico del DCC, como invitado a la sesión, se refirió al trabajo en análisis de vulnerabilidades que se realiza en ciberseguridad. Hevia planteó la necesidad de establecer reglas claras para que la autoridad que persiga estos delitos pueda distinguir claramente si se trató de una acción realizada siguiendo buenas prácticas o fue un actuar criminal, “y en este momento no hay línea divisoria”, señaló.
Tras la reunión, el académico explicó que hoy, “investigadores, profesionales e incluso entusiastas en ciberseguridad son cruciales para identificar fallas en sistemas informáticos y en dispositivos. Es común que serias vulnerabilidades en sistemas informáticos sean descubiertas, no por los fabricantes, sino por investigadores preocupados de examinar dichos sistemas. Al reportar su descubrimiento a los fabricantes, los investigadores contribuyen a solucionar estas fallas. De este modo, se evita que sean descubiertas y utilizadas por personas con malas intenciones”.
El prof. Hevia afirmó que el proyecto de ley inicialmente no diferencia entre la labor que realizan investigadores y el actuar de criminales: “Y eso es grave, porque esta separación no es antojadiza. En países cuyas legislaciones no la han hecho, los fabricantes terminan usando la amenaza legal para censurar a los investigadores y así evitar una publicidad negativa”.
Asimismo, explicó que el trabajo de investigadores y profesionales se debe realizar verificando que existe la falla primero y luego reportándola al afectado, siempre valiéndose de protocolos establecidos para este proceso. “Sin embargo, el criminal usa esa falla para su beneficio y el solo hecho que esté buscando vulnerabilidades hace aún más importante que exista gente honesta cumpliendo el rol de detectarlas antes que ellos. Y si estableces una ley donde no los distingues, vas a causar que investigadores y profesionales en ciberseguridad dejen esta labor, provocando que la ciberseguridad decaiga en vez de fortalecerse” aseveró.
Esta invitación se suma al rol activo que el Prof. Alejandro Hevia ha tenido como consejero de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, donde participa en representación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El día previo a la reunión en el Congreso, el académico en conjunto con la directiva de la Alianza se reunió con el Senador Felipe Harboe para hacerle entrega de un documento con observaciones legales y técnicas al proyecto de ley.
