La CPC ha propuesto avanzar con el ingreso mínimo garantizado y el Ministro Briones valora la propuesta y agrega que esa política ya existe y, como sabemos, su grado de avance dependerá del financiamiento. Proponen redireccionar programas sociales, revisar exenciones de impuestos y discutir reformas tributarias.
En esta interacción se puede reconocer un hecho esencial: vivimos un momento histórico que requiere medidas estructurales para avanzar en el derecho a una vida digna, la que -seamos claros- no la hay sin los medios materiales. Hay varias formas de abordar este porfiado desafío. Las clásicas se basan en impuestos progresivos y provisión de servicios públicos por parte del Estado y/o esperar el crecimiento económico para generar más trabajo y mejor remunerado; ambas han animado la disputa política del siglo 20 y es momento de repensar e innovar.
Se ha propuesto la Renta Básica Universal (RBU), que en versión simple consiste en distribuir una renta mensual igualitaria a todo(a) ciudadano(a) -independiente de su ingreso familiar- financiada por impuestos (ver Van Parijs y Vanderborght, 2017). Otro instrumento se presenta en Mercados Radicales (Posner y Weyl, 2018), denominada Propiedad Común-Impuesto Autodefinido (COST por su nombre inglés), en que todo patrimonio (industria, patente, tierra, etc.) está constantemente en venta obligatoria a quien pague un precio autodefinido por el propietario, el que a la vez define el impuesto que se debe pagar por la propiedad.
He propuesto un tercer instrumento, que consiste en distribuir Derechos de Consumo (DC), entregados por el Estado en forma igualitaria y mensual a todo(a) ciudadano(a), en un monto igual al gasto medio esperado y que son transables en un mercado (ver propuesta en http://uchile.cl/i168563). El resultado de transacciones libres produce transferencias directas logrando una redistribución de los recursos siempre progresiva, con efecto creciente hacia los extremos -el más rico aporta más que el menos rico y el más pobre recibe más recursos que el menos pobre-.
Su impacto, cualquiera sea la distribución original el gasto, se mide en que el índice de Gini del gasto se reduce a la mitad, por ejemplo, en el caso de Chile 2017 se traduce en una transferencia anual del 8% del PIB, modificando el Gini de ingresos que cae desde un 0,49 (puesto 139 de 156 países) a 0,33 (puesto 41), similar a UK y Francia.
Otra ventaja relevante de los DC es que la equidad se logra afectando el consumo, por lo que, aunque parezca paradójico, la mayor equidad de logra sin alterar la capacidad inversión y el potencial desarrollo económico. La idea basal de los DC, de utilizar el mercado como medio de transferencias directas entre ciudadanos, permite el ajuste dinámico de los montos de transacciones y los precios de bienes. Así, ante la pregunta de cómo financiar un ingreso más equitativo, la respuesta innovadora existe y vale la pena que se conozca y se discuta su aplicación en tiempos constituyentes.
Esta columna fue originalmente publicada en La Segunda.
