En esta época de múltiples desafíos para nuestra sociedad, la crisis hídrica se ha instalado como una urgencia que surge de una combinación de factores climáticos e institucionales. La pulsión por buscar soluciones rápidas choca con la realidad y experiencia acumulada, que da cuenta de avances sorprendentemente exiguos a pesar de los múltiples diagnósticos que se han elaborado en las últimas décadas.
Con todo, es conveniente revisar el concepto de seguridad hídrica y evaluar el estado de las dimensiones de este concepto, para definir estrategias de acción.
En su definición más transversal, la seguridad hídrica incluye la provisión de agua en suficiente cantidad y calidad para el consumo humano, para actividades productivas como agricultura, industria y minería, la adecuada protección de la función ambiental del agua en diversos ecosistemas acuáticos, y la incorporación de una perspectiva de riesgo y resiliencia ante los acelerados cambios resultantes del cambio global.
En todas estas dimensiones nuestro país puede mostrar logros, y también brechas importantes, pero en mi opinión es la recuperación de la función ambiental del agua la dimensión que nos plantea el desafío mayor.
Por más de un siglo, la gestión del agua en Chile se realizó sin consideraciones ambientales, y como resultado hoy las cuencas hidrográficas de más de la mitad del territorio nacional presentan algún grado de degradación.
La recientemente aprobada reforma al Código de Aguas presenta una oportunidad, al contemplar expresamente la posibilidad de establecer derechos de conservación. Sin embargo, la definición de los ecosistemas a priorizar, el grado de restauración necesario, la cantidad de agua —así como las posibles fuentes de los volúmenes requeridos— y la valoración de los servicios ecosistémicos percibidos por las comunidades son preguntas abiertas, que integran dimensiones hidrológicas, biofísicas y sociales.
Avanzar hacia la recuperación de ecosistemas acuáticos y, con ello, de la función ambiental del agua para las generaciones presentes y futuras, es un desafío que debe y puede ser abordado con sentido de urgencia, y que se presta de manera ideal para plantear una ‘misión país’ implementada a múltiples niveles territoriales desde los municipios al gobierno central, conocimiento multidisciplinario y con alianzas público-privadas que logren acuerdos de gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca.
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