Chile es uno de los países más afectados por la contaminación según el último estudio de Lancet Countdown Sudamérica: cada año se producen 240 muertes por millón de habitantes producto de la contaminación del aire. Por otro lado, tres mil personas son hospitalizadas anualmente debido a la contaminación atmosférica por MP2,5 (partículas de menos de 2,5 micras suspendidas en el aire), según el Informe a las Naciones “El aire que respiramos: pasado, presente y futuro - Contaminación atmosférica por MP2,5 en el centro y sur de Chile" realizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, en 2020.
Un escenario que podría cambiar drásticamente gracias a la electromovilidad. Una promesa de vehículos más limpios y eficientes que ha logrado la atención de los gobiernos, que ven en la adopción de esta tecnología una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, y donde el mundo empresarial también ha visto una oportunidad.
El uso de vehículos eléctricos alimentados por baterías en lugar de motores de combustión interna es un cambio radical en la industria automotriz. Un giro que también aporta a la sostenibilidad ambiental, la reducción de costos operativos en el transporte público y privado, además de ser una oportunidad para estimular la innovación tecnológica.
A nivel nacional y latinoamericano, la Universidad de Chile, a través de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), tendrá un rol protagónico en la adopción de este proceso a partir del trabajo del Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad (CASE), iniciativa apoyada por Corfo y que cuenta con la participación de las universidades de Santiago de Chile, Tecnológica Metropolitana y Austral de Chile, además del Centro Mario Molina y la consultora EY.
Marcos Orchard, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la FCFM y director del CASE, explica que “la plena materialización de estos beneficios dependerá en gran medida de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos asociados a la infraestructura de carga, la integración con redes eléctricas y el costo inicial de vehículos eléctricos”.
Para ello, el país ya ha dado algunos pasos como, por ejemplo, la definición de una Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsada por el Ministerio de Energía, que además incorporó a la sociedad civil a través de una consulta ciudadana; y la Ley N° 21.505, que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, que fue promulgada en noviembre de 2022.
La finalidad de estas acciones es convertir a Chile en un país carbononeutral hacia el 2050, una meta anhelada en un contexto donde el cambio climático no da tregua.
“La electromovilidad es como un hijo de la transformación digital, no solo porque los autos eléctricos disponibilizan una mayor cantidad de datos que los autos a combustión, sino porque también abren las puertas a nuevas posibilidades, como el aprovechamiento de herramientas de gestión de energía y las ciudades inteligentes”, destaca el director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la FCFM, Williams Calderón. “Nuestro estilo de consumo funcionaba con la lógica de la economía lineal, donde había cosas que se desechaban y había muy poca reutilización, y de a poco se ha ido migrando hacia la idea de la economía circular, que consiste en reincorporar materiales que se han botado en otros procesos productivos”, agrega.
¿Sin gases contaminantes?
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Aunque efectivamente los vehículos eléctricos pueden bajar la contaminación atmosférica a nivel de MP2,5, en Chile tardarán más en tener efecto en el CO2, debido a la actual matriz energética nacional, todavía muy carbonizada.
Felipe Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) de la FCFM, explica que “si consideramos el uso de vehículos eléctricos, la energía necesaria para su operación viene habitualmente desde nuestra red eléctrica. En este momento, esa red depende un 68% de combustibles fósiles y, en consecuencia, usar vehículos eléctricos implica emitir gases de efecto invernadero —que son liberados en la generación de electricidad—. Considerando esto, si comparamos 1 kilómetro recorrido por un vehículo convencional con 1 km recorrido por un vehículo eléctrico, el segundo emite hoy más gases de efecto invernadero”.
Esto podría comenzar a cambiar a partir de 2030, siendo una realidad hacia el 2050, porque se proyecta que, para esa fecha, la red sea 100% renovable al eliminar las fuentes fósiles.
“Según las curvas de cambio, es posible que después de 2030 ya convenga usar un vehículo eléctrico en lugar de uno convencional, al menos desde un punto de vista de liberación de gases de efecto invernadero. Depende de cuán rápida sea nuestra transición a las energías renovables”, detalla Díaz. Un camino que ya han transitado países como Islandia o Finlandia, que se han propuesto alcanzar la neutralidad de carbono en el 2040 y 2035, respectivamente. “Países como Alemania, también están actualizando sus metas de descarbonización y haciendo una apuesta mucho más fuerte que antes hacia las energías renovables”, comenta el investigador del DIQBM.
La colaboración será clave
En este camino será fundamental la colaboración público-privada, que permitirá consolidar los esfuerzos impulsados hasta ahora, fomentando futuras acciones en ámbitos como la inversión conjunta en infraestructura de carga, el intercambio de conocimientos y la implementación de programas piloto.
El CASE, través de un portafolio inicial de más de 20 proyectos (que incluye tanto investigación y desarrollo aplicados como bienes públicos), potenciará cuatro vectores de aceleración para la electromovilidad: el desarrollo a nivel regional, residencial, industrial y comercial, y de transferencia tecnológica y vinculación. Esto último, incluyendo modelos de negocio, capacitación, educación, aspectos regulatorios, normativos y de estándares.
“El CASE busca jugar un rol crítico en la expansión de la red de puntos de carga eléctrica y búsqueda de soluciones limpias para el transporte público, privado y de carga, contribuyendo además al establecimiento de estrategias sostenibles de autogeneración de energía eléctrica, al desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en proveedores especializados, y al incremento de la demanda nacional de desarrollos tecnológicos”, añade Orchard.
En definitiva, la transición hacia la electromovilidad es un paso crucial para abordar la crisis climática y lograr una movilidad más limpia y eficiente en Chile y el mundo. Con la colaboración de los gobiernos, fabricantes y consumidores, la visión de un mundo con cero emisiones se está convirtiendo en una meta cada día más cercana de alcanzar. La electromovilidad representa una oportunidad ineludible para dar forma a un futuro más sostenible para el país y la sociedad.
