Señor
José Aguilera Radic
Presidente de CONICYT
Presente
Estimado Sr. Presidente
A nuestro juicio algo grave ocurre en CONICYT respecto del diseño y aplicación de la política de asignación de becas de postgrado. Grave y preocupante porque revela deficiencias inexplicables en un aspecto en el cual CONICYT no puede fallar: una correcta aplicación del sentido común. Tres ejemplos. Primero, no es explicable la decisión adoptada en el pasado concurso de impedir la postulación a becas de doctorado o de magíster a estudiantes que se encontraban en la fase final de un programa de licenciatura, obligándolos a postergar sus estudios de postgrado durante un año. El sentido común indicaba que en estos casos era más sensato exigir la certificación de la licenciatura en el momento de hacer efectiva la beca y no al momento de postular a ella.
Segundo, también resulta inexplicable la abrupta alza en la tasa de impugnación de postulaciones a becas de doctorado por parte de CONICYT durante la fase de revisión de antecedentes, desde un valor inferior al 10% en años previos, a una tasa de 32% durante el presente concurso, lo que se traduce en un descenso de aproximadamente 100 becas respecto de las otorgadas el año anterior. Considerando que los recursos son siempre escasos, es comprensible que se aumenten las exigencias académicas para la entrega de beneficios. Sin embargo, el sentido común y la experiencia de la comunidad académica relacionada con los programas de doctorado nuevamente revelan la existencia de una falla en los criterios adoptados.
Tercero, donde la situación bordea el absurdo es en las normas que regulan la asignación de becas de doctorado a estudiantes extranjeros no residentes en Chile, en el contexto de un proceso que se reinicia después de una interrupción de varios años. El desarrollo científico-tecnológico de los países desarrollados se ha basado fuertemente en la contribución que realizan estudiantes foráneos a través de las investigaciones vinculadas con las tesis doctorales. Ciertamente el aporte de esos estudiantes a los países y centro de investigación que los acogen excede con creces el valor monetario de las becas y beneficios que reciben. A la luz de estos antecedentes, es esperable que CONICYT se constituya en un factor clave para transformar nuestro país en un polo de atracción para la formación de capital humano avanzado a nivel regional, facilitando la incorporación creciente de estudiantes extranjeros, en los programas de doctorado nacionales particularmente desde los países vecinos. Ellos no solamente potenciarán el desarrollo del conocimiento en nuestro país, sino que una vez retornados a sus países de origen, contribuirán en forma efectiva a mejorar nuestra influencia regional. Por eso, constituye un atentado al sentido común la exigencia de fianzas o boletas a estos becarios extranjeros para asegurar las becas y beneficios pecuniarios que reciben. Asimismo, resulta incomprensible y discriminadora la obligación que se les impone de una permanencia forzosa en el territorio nacional, lo que dificulta su participación en estadías e intercambios con centros de investigación en el extranjero, siendo estas actividades parte de la naturaleza misma de cualquier programa de doctorado que aspire a un reconocimiento internacional.
Estamos conscientes y preocupados de las crecientes limitaciones impuestas por las instancias administrativas y contraloras responsables de cautelar el buen uso de los recursos públicos, pero nos parece que es responsabilidad de CONICYT desarrollar una argumentación convincente ante ellas para demostrar que la primera prueba que debe superar cualquier disposición reglamentaria es el sentido común.
De acuerdo a lo anteriormente señalado, solicitamos a Ud. su intervención en las instancias que correspondan para resolver el problema que aqueja a los postulantes extranjeros que obtuvieron una beca de CONICYT en programas de doctorado, particularmente aquellos de las universidades estatales como la nuestra, que se enfrenta con trabas legales para constituir fianzas por beneficios pecunarios entregados a terceros (en este caso a los becados). No solo está de por medio la gran frustración que esta medida ha provocado en los programas y en los becarios que ven obstaculizado el inicio de sus estudios, sino que también el significativo descrédito a nivel internacional que se produciría si finalmente no se encuentra una solución razonable en el corto plazo.
Patricio Aceituno, Vicerrector de Asuntos Académicos Universidad de Chile
Sergio Lavandero, Vicerrector de Investigación y Desarrollo Universidad de Chile
